La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la obligatoriedad de actualizar salarios y becas en las universidades nacionales conforme a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025 y que garantiza la inflación como parámetro para mantener salarios y becas actualizados.
Este fallo rechaza la apelación del Gobierno nacional y sostiene la plena vigencia de la ley aprobada por el Congreso en agosto de 2025, ratificada en octubre tras superar el veto presidencial.
La Sala III del tribunal, con los votos de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó la medida cautelar que ordena la aplicación inmediata de los artículos centrales de la norma. En específico, se exige avanzar en la actualización salarial para docentes y personal no docente, así como la recomposición de las becas estudiantiles.
El fallo aclara que el proceso legislativo que aprobó esta ley impide que el Poder Ejecutivo pueda postergar su implementación, declarando inaplicable un decreto previo que buscaba impedir sus efectos.
Los artículos 5 y 6 son esenciales en esta decisión: el artículo 5 establece que los salarios universitarios deben ajustarse según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC desde diciembre de 2023 para conservar el poder adquisitivo, mientras que el artículo 6 dispone una actualización equivalente para becas y programas de asistencia estudiantil.
Los jueces advirtieron que las maniobras del Gobierno para demorar la aplicación de la ley mediante instrumentos de menor jerarquía van en contra de principios constitucionales, afectando la división de poderes y el sistema republicano.
Esta medida surge de una presentación judicial realizada en diciembre de 2025 por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y organizaciones académicas que impulsaron un amparo para proteger la vigencia y aplicación efectiva de una ley fundamental para sostener el sistema universitario público en contexto de alta inflación.
El fallo llega en un momento de tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales, que vienen advirtiendo sobre la pérdida del poder adquisitivo de salarios y la falta de presupuesto para el correcto funcionamiento institucional. Así, la Justicia reafirma el compromiso del Estado de garantizar el financiamiento universitario establecido por ley.
