La salud de los adultos mayores en La Matanza y el país se ve amenazada por una grave crisis financiera en el PAMI, que repercute en la calidad y continuidad de los servicios.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), fundamental para la asistencia de más de 5 millones de jubilados y pensionados en Argentina, acumula una deuda superior a $500.000 millones con clínicas, sanatorios y profesionales, generando serias tensiones en la red de prestadores.
Esta situación se profundiza en el marco de las políticas de ajuste económico implementadas por el gobierno nacional de Javier Milei, con el ministro de Economía Luis Caputo, que han implicado recortes en el gasto público y afectan directamente los recursos para salud pública y obras sociales claves, como el PAMI.
Diversos actores del sector salud alertan sobre las demoras en los pagos por parte del PAMI, que derivan en limitaciones a las prestaciones, reprogramaciones de turnos y hasta suspensión de servicios, lo que deteriora la atención que merecen los adultos mayores. Además, aumenta la exigencia de cobros adicionales a los afiliados, generando malestar y denuncias.
Este agravamiento cause un aumento de pacientes derivados a hospitales públicos, ya sobrecargados y con recursos limitados, profundizando la saturación en los centros de salud estatales y complicando el acceso a la atención.
Especialistas en salud pública insisten en que, siendo el PAMI una de las mayores obras sociales de América Latina, la estabilidad financiera debe ir acompañada de un compromiso real con la continuidad y calidad de la atención para quienes más lo necesitan.
En La Matanza, distrito con gran población jubilada, la realidad refleja esta crisis sanitaria nacional: retrasos, menos servicios y creciente incertidumbre entre los adultos mayores sobre su cobertura, justo cuando la demanda de atención tiende a aumentar.
