Desde hace tres años, la Provincia de Buenos Aires mantiene una disputa judicial por una deuda que supera los 22 billones de pesos, reflejo de retrasos en transferencias y obras postergadas por el gobierno nacional. Esta cifra incluye fondos coparticipables adeudados, obras públicas paralizadas y recortes en transferencias, situación que afecta el desarrollo del distrito con mayor población y necesidades sociales del país.
La gestión bonaerense que encabeza el gobernador Axel Kicillof presentó la octava demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la administración presidencial de Javier Milei por incumplir el Consenso Fiscal 2017 y el convenio de 2023. Este paso se dio luego de una reunión en La Plata con más de 80 intendentes de La Matanza y otros municipios, interesados en recuperar recursos esenciales para sus comunidades.
El propósito central del reclamo es defender el cumplimiento de los acuerdos federales, buscando resguardar los derechos fiscales de la Provincia y evitar futuros perjuicios económicos. Por ello, el Ejecutivo solicita al máximo tribunal que dicte una medida cautelar que ordene aplicar el método correcto para las transferencias y multas pendientes.
El monto solicitado supera los $2.2 billones de pesos en concepto de diferencias de coparticipación para el periodo 2023-2025, incluyendo el Fondo del Conurbano, fundamental para las obras y servicios públicos, además del saldo impago del convenio firmado en 2023, según informaron desde la Gobernación.
Esta nueva demanda se suma a otras siete iniciadas desde 2020, evidenciando una lucha prolongada por la justa distribución de fondos nacionales que afectan directamente a La Matanza y a todo el conurbano bonaerense.
La disputa expone las tensiones políticas entre la Provincia y la Nación, y pone en primer plano la discusión sobre la autonomía fiscal y el federalismo, elementos clave para garantizar equidad y desarrollo en el territorio argentino.
