La Cámara Contencioso Administrativo Federal dictaminó que el Gobierno Nacional debe cumplir con la ley de financiamiento universitario, asegurando los recursos indispensables para las universidades públicas argentinas.
Este pronunciamiento judicial representa un respaldo fundamental para las instituciones y el personal universitario, que enfrentan meses de incertidumbre por la demora en la asignación presupuestaria y el desgaste salarial.
El conflicto se originó cuando el Consejo Interuniversitario Nacional presentó una acción judicial ante la insuficiente garantía de fondos para cumplir con lo establecido por la ley de financiamiento.
Desde el Gobierno de Javier Milei se sostuvo que los recursos no estaban contemplados en la ley de presupuesto vigente, postura que generó preocupación en la comunidad universitaria y puso en riesgo la estabilidad del sector.
Con este fallo, la justicia federal ordena al Estado nacional a cumplir con sus obligaciones legales vinculadas al financiamiento de las casas de estudio públicas, contribuyendo a la estabilidad presupuestaria y salarial.
Las autoridades universitarias expresaron su esperanza de que esta decisión impulse una asignación sostenida de recursos que garantice la calidad educativa y las condiciones laborales de docentes e investigadores en todo el país.
