La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia que obligaba a Argentina a pagar más de 16.100 millones de dólares por la expropiación de la petrolera estatal YPF.
Con esta resolución, el tribunal ratificó que la empresa fue adecuadamente exculpada de cualquier incumplimiento durante el proceso de estatización llevado a cabo en 2012, desechando así la responsabilidad atribuida en el juicio.
Este fallo representa un hito significativo para las finanzas públicas argentinas, pues exonera al Estado nacional de afrontar una onerosa indemnización que, desde el inicio del litigio en 2015, generaba incertidumbre financiera.
El caso comenzó a tomar mayor relevancia en 2023, cuando la jueza Loretta Preska, del distrito sur de Nueva York, emitió un fallo condenando a Argentina a pagar esa cuantiosa suma con intereses, argumentando que se infringió el estatuto de la compañía al no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) para resarcir a los accionistas minoritarios, representados por los fondos Eton Park y Burford.
La Cámara de Apelaciones revirtió esta decisión, confirmando que el proceso de estatización fue legítimo y que el Estado argentino no violó disposiciones legales relativas a los accionistas minoritarios durante la recuperación de YPF.
Este revés judicial consolida una importante victoria para Argentina en el plano internacional, liberando recursos económicos y reduciendo riesgos legales asociados a la expropiación más emblemática del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
