Los gremios docentes y no docentes de las universidades públicas comenzaron un paro desde el lunes 16 hasta el sábado 21. En las casas de estudio estatalas y colegios preuniversitarios, la protesta se extenderá por toda la semana. El reclamo central es por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a paritarias, fundamentales para la recomposición salarial del sector.
Este conflicto universitario, que afecta a más de 2 millones de estudiantes en todo el país, se inició en 2024 y ya evidencia la tensión existente en el sector educativo público.
Los gremios denuncian una pérdida salarial cercana al 40% en los últimos dos años bajo la gestión de Javier Milei y advierten que el gobierno no ha cumplido aún con la ley que garantiza la actualización de salarios y becas según la inflación, un derecho reconocido para garantizar la calidad educativa y la estabilidad del personal.
En concreto, entre diciembre 2023 y diciembre 2025, el presupuesto nacional para la educación superior cayó un 28,9% en términos reales, según datos oficiales del Ministerio de Economía. Hay que destacar que el 90% del presupuesto universitario está destinado a salarios, tema central en la convocatoria a paritarias que exigen los sindicatos.
La Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 obliga a que el Estado recomponga los salarios de docentes y no docentes y ajuste las becas estudiantiles conforme a la inflación desde diciembre de 2023. La norma también prevé aumentos en gastos de funcionamiento, ciencia y técnica, y partidas para hospitales universitarios, además de la convocatoria periódica a paritarias con mecanismos automáticos de actualización.
Un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso señala que el impacto fiscal de esta ley representa aproximadamente el 0,23% del Producto Bruto Interno, demostrando que su cumplimiento es viable y necesario para sostener las condiciones laborales y educativas del sistema universitario.
Desde la gestión provincial y municipal, que incluyen a la fuerza política que lideran Axel Kicillof y Fernando Espinoza en La Matanza, se revalora la importancia de la educación pública y la aplicación inmediata de los compromisos salariales y presupuestarios para garantizar el derecho a la educación.
