En el corazón de La Matanza, la comunidad educativa del Colegio Monseñor Solari atraviesa un momento complejo. Cerca de 40 familias han sido notificadas que no podrán renovar las matrículas de sus hijos para el nuevo ciclo lectivo, situación que genera incertidumbre y conflicto social en el distrito más poblado del conurbano bonaerense.
La institución privada argumenta que esta medida se debe a moras administrativas, a pesar de que muchas de estas deudas ya fueron regularizadas por las familias afectadas. Sin embargo, el colegio sostiene que las vacantes fueron reasignadas y que no hay lugar para los estudiantes, motivo que mantiene a las familias en una situación de angustia constante.
Evangelina, madre de tres alumnos, expresó el impacto que esta situación tuvo para su familia. Contó que existía un acuerdo judicial para repartir el pago de la cuota escolar con el padre de sus hijos, acuerdo que ella cumplía puntualmente mientras la otra parte incumplía. Fue recién en febrero, al querer realizar la matrícula, que se enteró que debía asumir la deuda total para continuar con la educación de sus hijos.
Para afrontar esta situación, solicitó un préstamo bancario y canceló la suma adeudada. No obstante, recibió la negativa de renovación argumentando que la vacante fue anulada tras una carta documento enviada en octubre que solo había sido recibida por el padre y de la cual ella no había sido informada.
Impacto emocional y desafíos para los alumnos de egreso
Esta problemática impacta especialmente en los alumnos de los últimos años escolares, quienes ya realizaron inversiones significativas en viajes y uniformes de egresados. Varias madres expresaron el desconcierto y la tristeza que les genera esta situación, manifestando que la falta de empatía del colegio es un golpe duro para sus familias.
"Me puse a llorar… me parece una injusticia total y una falta de empatía absoluta por parte del colegio", relató una de las madres afectadas por esta medida.
Reclamos y medidas legales en defensa del derecho a la educación
Las familias, con el respaldo, en algunos casos, de organismos locales, presentaron reclamos ante el Consejo Escolar y la DIEGEP (Dirección de Educación de Gestión Privada), aunque la respuesta oficial ha sido que "no hay lugar" para sus hijos.
Frente a esta negativa, comenzaron a impulsar acciones legales para garantizar la matriculación, fundamentando que los niños no deben ser perjudicados por problemáticas económicas entre adultos. Además, destacan la contradicción entre esta postura y la imagen que la institución busca proyectar como colegio católico.
Esta situación pone en el centro del debate local la necesidad de garantizar el acceso a la educación y de impulsar políticas que aseguren derechos fundamentales para todas las familias de La Matanza, el distrito con mayor población en la provincia de Buenos Aires.
